Subrogación laboral: qué pasa con tu contrato de trabajo

Qué significa realmente una subrogación

Una subrogación no se activa por cualquier cambio de proveedor, por perder una contrata o por cambiar el nombre de la empresa. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET) protege la continuidad cuando cambia la titularidad de una empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma y la transmisión afecta a una entidad económica que mantiene su identidad: un conjunto organizado de medios para una actividad económica, principal o accesoria.

También puede existir una obligación de subrogación porque un convenio colectivo sectorial o una norma especial la imponga. Esa vía tiene que comprobarse en el convenio y en sus requisitos; no se puede convertir en una regla universal para todas las contratas. La pérdida de un servicio o la continuidad de parte de la plantilla son datos que ayudan a analizar el caso, pero no son por sí solos un porcentaje o un umbral legal. Por ejemplo, que continúen ocho de diez personas no demuestra automáticamente la sucesión.

El artículo 44.1 establece que el cambio de titularidad no extingue por sí mismo la relación laboral y que el nuevo empresario queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. Esto no significa que todos los cambios de proveedor tengan ese efecto: primero hay que identificar la vía aplicable, la entidad transmitida y los hechos que conservan su identidad.

Cómo se comprueba que la entidad conserva su identidad

No hay cuatro requisitos rígidos que deban concurrir siempre, una intención mínima de seis meses ni un porcentaje universal de plantilla. La sentencia TJUE de 11 de julio de 2018, Somoza Hermo, C-60/17, ECLI:EU:C:2018:559, explica en los apartados 29–39 una valoración conjunta: actividad, medios materiales e inmateriales, personal asumido, clientela, similitud de actividad e interrupción. La importancia de cada dato depende del sector. No basta aislar que siga el mismo cliente o que cambie el rótulo.

En actividades basadas fundamentalmente en mano de obra, asumir una parte esencial del personal en número y competencias puede conservar la identidad. Que esa asunción venga impuesta por convenio no impide por sí mismo la aplicación de la Directiva si se transmite una entidad económica. La sentencia declaró no ser competente para resolver su segunda cuestión sobre la compatibilidad entre normas nacionales; no se le atribuye una respuesta que no dio. Para la responsabilidad española hay que aplicar el artículo 44.3 ET y las normas pertinentes, no una conclusión inventada del fallo.

Personas y condiciones: qué documentos comparar

Identifica a quienes están adscritos a la empresa, centro o unidad transmitida y el estado de su relación. Un contrato temporal vigente no queda fuera solo por ser temporal, pero la sucesión no convierte automáticamente su duración en indefinida ni impide una extinción legal posterior (artículo 15 ET y artículo 49 ET). Una persona con contrato suspendido requiere comprobar el vínculo y su adscripción; una persona contratada por una ETT no pasa automáticamente a la nueva usuaria: el contrato se celebra con la ETT (artículo 10 ETT), y la usuaria tiene las responsabilidades propias del artículo 16 ETT.

Compara salario y complementos, fecha de antigüedad, jornada, categoría, pactos válidos, vacaciones realmente pendientes y obligaciones de protección social complementaria. La antigüedad laboral continúa en la sucesión, pero no equivale por sí sola a años cotizados para jubilación. Las vacaciones se revisan con el calendario, devengo y reglas del artículo 38 ET; no se presume que cualquier saldo de años anteriores pueda acumularse indefinidamente. Tampoco se promete igualdad salarial con toda la plantilla de destino sin estudiar su régimen.

El pacto que altera la regla de convenio del artículo 44.4 exige acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes una vez consumada la sucesión. No se sustituye por la imposición de un convenio elegido por la nueva empresa. El artículo 44.5 mantiene el mandato de representantes cuando la entidad conserva autonomía; no lo garantiza incondicionalmente en todas las integraciones.

En la sucesión legal del artículo 44, la continuidad no se condiciona a que cada trabajador firme un contrato nuevo o una renuncia. Puede haber documentos legítimos de comunicación o formalización: lee su contenido, distingue recepción de conformidad y comprueba que no incluyan dimisión o pérdida de antigüedad. El artículo 3.5 ET protege los derechos legales necesarios y los indisponibles por convenio; no toda firma carece de efectos por añadir una frase genérica.

Tres años de responsabilidad no son tres años para todo salario

La solidaridad del artículo 44.3 y la prescripción de la reclamación cumplen funciones diferentes. No esperes tres años para reclamar una nómina vencida: las percepciones económicas se sujetan al año del artículo 59.2 ET desde que puede ejercitarse la acción, con las interrupciones que correspondan. La solidaridad durante tres años no permite presentar como cobrable una deuda ya prescrita. Identifica deudores, fecha de transmisión, exigibilidad y actos de reclamación.

Las deudas de cuotas y prestaciones de Seguridad Social tienen reglas específicas en los artículos 142 y 168 LGSS. El artículo 44.5 trata representación laboral, no concede un plazo de diez días hábiles para registrar trabajadores. Comprueba con TGSS la situación de afiliación y cotización real; no presentes el plazo laboral de tres años como regla única de todas las responsabilidades de Seguridad Social.

Contratas, cesión ilegal y contratación pública

La responsabilidad de la empresa principal en contratas del artículo 42 ET y la cesión ilegal del artículo 43 ET son figuras distintas de la sucesión. Compartir grupo empresarial, cliente o centro no demuestra por sí solo todas esas responsabilidades. Primero identifica qué empresario dirige el trabajo, qué organización se transmite y qué hecho fundamenta cada pretensión.

En un contrato público, el artículo 130 LCSP obliga a facilitar información para valorar los costes cuando una norma legal, convenio o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general impone la subrogación. La información del pliego no crea por sí sola una obligación universal. Hay reglas concretas para centros especiales de empleo y socios trabajadores; la prestación directa por una Administración queda condicionada por el apartado 3. La deuda del antiguo contratista del apartado 6 se entiende sin perjuicio del artículo 44 ET cuando sea aplicable. No se concluye que el pliego pueda excluir una responsabilidad legal.

Una incorporación al sector público o una operación concursal necesita comprobar también sus normas propias y el régimen de personal. Esta guía no atribuye automáticamente una plaza de funcionario, una condición de personal fijo público ni un resultado en la venta de una unidad en concurso.

Qué puede conservar la persona trabajadora

• Si se acredita la sucesión del artículo 44, el vínculo no empieza de cero: deben analizarse la antigüedad, las condiciones y las obligaciones laborales y de Seguridad Social que pasan al nuevo empresario.
• Como regla del artículo 44.4, el convenio colectivo que se aplicaba en la entidad transmitida continúa hasta que expire o entre en vigor otro convenio aplicable, salvo el pacto de empresa previsto por ese apartado.
• Si la empresa, centro o unidad transmitida conserva su autonomía, el mandato de la representación legal no se extingue por el cambio, según el artículo 44.5.
• La continuidad tampoco impide que después pueda existir una modificación, suspensión o extinción por una causa y un procedimiento válidos. La nueva empresa no puede empeorar condiciones solo por el hecho de la sucesión, pero cualquier medida posterior debe examinarse por su propia norma.

Responsabilidad por deudas anteriores

En una transmisión inter vivos, el artículo 44.3 hace responder solidariamente al cedente y al cesionario durante tres años por las obligaciones laborales nacidas antes de la transmisión que no se hubieran satisfecho. La regla no convierte a ambas empresas en responsables de toda obligación futura: el propio precepto limita la solidaridad temporal y materialmente, y añade una regla distinta para obligaciones posteriores cuando la cesión se declare delito. También hay que respetar la legislación de Seguridad Social y la naturaleza concreta de la deuda.

Guarda nóminas, calendarios, comunicaciones, convenio aplicable y cualquier documento que permita fijar la fecha de transmisión y el origen de la deuda. Una reclamación de cantidad puede tener un plazo distinto del de una impugnación de despido o de otra decisión empresarial.

Información y consulta antes del cambio

El cedente y el cesionario deben informar a las representaciones legales afectadas sobre la fecha prevista, los motivos, las consecuencias jurídicas, económicas y sociales y las medidas previstas (artículo 44.6). Si no hay representantes, deben facilitar esa información a las personas trabajadoras afectadas (artículo 44.7). El cedente debe hacerlo con suficiente antelación antes de la transmisión y el cesionario antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus condiciones de empleo y trabajo; las fusiones y escisiones tienen la regla específica del artículo 44.8.

El ET no fija aquí un preaviso universal de 30 días ni una consulta automática de 15 días. Si se prevén medidas laborales, el artículo 44.9 exige iniciar consultas con suficiente antelación y negociar de buena fe; para traslados colectivos o modificaciones sustanciales colectivas remite a los procedimientos de los artículos 40.2 y 41.4. Que la información llegue tarde puede constituir un incumplimiento, pero no transforma por sí solo el cambio en una nulidad ni decide todos sus efectos civiles o laborales.

Qué hacer si no te informan o te cesan

1. Pide por escrito la identidad de la empresa, la fecha y motivo del cambio, la vía jurídica invocada (ET, convenio u otra norma), el convenio aplicable y las medidas previstas. Conserva prueba de envío y recepción.
2. No dejes de acudir al trabajo ni firmes una baja voluntaria solo porque cambie la contrata. Si recibes una orden contradictoria, deja constancia escrita y busca asesoramiento laboral con los documentos.
3. El orden social conoce, en general, de los litigios entre empresa y trabajador derivados del contrato (artículo 2.a LRJS). La conciliación o mediación previa del artículo 63 LRJS tiene excepciones en el artículo 64 y produce los efectos de prescripción o caducidad del artículo 65 según la acción.
4. Si lo que se comunica es un despido, el plazo ordinario de impugnación es de veinte días hábiles: artículo 59.3 ET y artículo 103 LRJS. No uses ese plazo como regla para toda discrepancia sobre la subrogación, salarios o reingreso: identifica primero la acción.

La Inspección puede investigar y sancionar incumplimientos administrativos, pero no sustituye al juzgado en la declaración individual de la sucesión o en la condena al pago de una deuda. El artículo 7.11 LISOS califica como grave incumplir el deber de información a trabajadores afectados por una sucesión; las cuantías del artículo 40 LISOS dependen de la infracción y su grado. La sanción no tiene un importe automático por cualquier falta de aviso; debe clasificarse y graduarse el incumplimiento.

Plazos: no esperar a la respuesta de la Inspección

El artículo 59 ET distingue acciones: regla general del apartado 1 desde la terminación del contrato, cantidades y obligaciones de tracto único del apartado 2 desde que la acción puede ejercitarse, y caducidad de despido del apartado 3. Para salarios exigibles, revisa el año de prescripción de cada cantidad; para un despido, los veinte días hábiles siguientes al cese del artículo 103 LRJS, con exclusión de sábados, domingos y festivos en la sede judicial. El objeto de la reclamación y los hechos fijan el cómputo; no hay un plazo único para todo conflicto.

Según el artículo 65 LRJS, la solicitud de conciliación o mediación interrumpe la prescripción o suspende la caducidad. El cómputo se reinicia o reanuda, respectivamente, al día siguiente del intento o de transcurrir quince días hábiles desde la presentación sin celebrarse. En caducidad quedan los días restantes, no veinte días nuevos. A los treinta días hábiles sin acto, inicio de mediación o acuerdo se tiene por terminado el procedimiento y cumplido el trámite. Comprueba las excepciones del artículo 64 LRJS: por ejemplo, movilidad geográfica y modificación sustancial tienen su modalidad específica. Una carta interna, un burofax o una denuncia a la Inspección no suspenden por sí solos la caducidad de despido.

Documentar sin obtener pruebas ilícitas

Guarda tus comunicaciones completas, justificantes de recepción, contrato, nóminas y convenio, con una cronología de fechas. El artículo 90 LRJS admite distintos soportes probatorios y excluye los obtenidos vulnerando derechos fundamentales. Avisar de una grabación no garantiza por sí solo su licitud o valor; no accedas a cuentas privadas ni te apropies de datos de compañeros. La autenticidad, integridad, contexto y pertinencia se valoran en el procedimiento.

Ejemplo hipotético: cambio de empresa de limpieza

Si un hospital cambia la empresa que presta limpieza, habrá que comprobar qué medios organizados se transmiten, si la actividad mantiene su identidad, qué convenio sectorial resulta aplicable y qué personal o medios conserva cada empresa. La continuidad de la plantilla puede ser relevante en una actividad intensiva en mano de obra, pero no sustituye ese análisis. Si solo cambia el proveedor y no se transmite una entidad económica ni hay una cláusula convencional aplicable, el artículo 44 no se activa necesariamente.

Situaciones especiales

Las empresas de trabajo temporal, las concesiones públicas, los contratos temporales, las fusiones y los sectores con cláusulas de subrogación pueden tener normas adicionales. Este artículo no convierte esas situaciones en una sola regla. Identifica primero tu empleador, el convenio, la actividad y la fecha; si falta un dato, la conclusión debe quedar condicionada.

Si hay una carta de cese, una negativa de reingreso o una deuda vencida, revisa sin demora los documentos y el plazo de la acción con asistencia profesional.