Comisiones bancarias abusivas: cuáles son ilegales

Una comisión no es ilegal solo por su nombre

Una comisión bancaria se analiza a partir del producto, el cliente, el contrato, la información que recibió, el servicio que se prestó y las circunstancias del cobro. No existe una lista que convierta automáticamente en abusivas todas las comisiones de mantenimiento, descubierto, apertura, transferencia o gestión. Un precio alto puede ser un dato para preguntar o reclamar, pero por sí solo no demuestra abusividad ni obliga a devolver el importe.

La primera pregunta es qué relación tienes con la entidad. El artículo 3 del TRLGDCU incluye a la persona física que actúa fuera de su actividad empresarial o profesional y también, en los términos que señala, a personas jurídicas o entidades sin personalidad que actúan sin ánimo de lucro y fuera de una actividad comercial o empresarial. Una sociedad o profesional que contrata para su actividad no recibe automáticamente el mismo tratamiento de consumo. En servicios de pago hay además una categoría propia de microempresa y reglas para usuarios que no son consumidores ni microempresas.

Identifica el producto y la regla que puede aplicar

Cuenta, tarjeta, transferencia u otro servicio de pago. El RDL 19/2018 regula el contrato marco, las modificaciones, la información y la ejecución de los servicios de pago. Su artículo 35.1 no permite presentar como válida una tarifa que remunere un servicio no solicitado o no aceptado conforme a la norma: comprueba qué se pidió o aceptó, qué servicio se prestó y qué gasto se generó. El artículo 34.1 permite que un usuario que no sea consumidor ni microempresa pacte la no aplicación total o parcial de determinados preceptos que el propio capítulo enumera. Por eso hay que leer el contrato, la condición de usuario y el servicio concreto; esa posibilidad no universaliza una excepción ni convierte a un profesional en consumidor.

Una modificación del contrato de servicios de pago se rige por el artículo 33: como marco general debe comunicarse individualmente en soporte duradero con dos meses de antelación. La aceptación tácita solo puede operar si fue pactada y se comunicó con sus condiciones, incluida la posibilidad de resolver sin coste antes de la entrada en vigor en los términos de los artículos 32.2 y 32.3 cuando resulten aplicables; existen reglas específicas para cambios favorables y para tipos de interés o cambio. El silencio del cliente no es una aceptación universal de cualquier comisión.

Depósito, crédito o préstamo dentro del ámbito de la Orden EHA/2899/2011. El artículo 3 de la Orden EHA/2899/2011 parte de la libertad de precios, pero exige que la comisión responda a un servicio solicitado en firme o aceptado expresamente y que se haya prestado efectivamente o se haya generado el gasto. El artículo 7.3.c exige que ciertas comisiones y gastos consten explícitamente en los contratos de depósitos, crédito o préstamo comprendidos en esa orden. Esa exigencia sectorial no debe extenderse sin más a todo producto financiero.

La misma orden exige información previa clara, oportuna, suficiente, objetiva y no engañosa en su ámbito. El artículo 15.1 contempla, para el extracto mensual de cuenta corriente al que se refiere, fecha, concepto e importe de los movimientos. Eso ayuda a comprobar un cargo, pero no significa que cada línea del extracto tenga que llevar una cita legal ni que el banco reciba una sanción automática. Las fichas y documentos precontractuales dependen del producto: no hay un formulario único que sea requisito de toda comisión bancaria.

Qué hechos pueden justificar una reclamación

• El cargo no identifica un servicio solicitado o aceptado conforme a la norma aplicable, o la entidad no puede explicar qué prestación se realizó o qué gasto se generó.
• La información se entregó tarde, era inaccesible, confusa o no permitía conocer el precio y sus condiciones antes de contratar. La revisión depende del producto, del soporte y de la finalidad de la relación.
• La entidad cambió la tarifa sin seguir el régimen de aviso, causa, entrada en vigor o salida que corresponda al contrato y al producto.
• En una relación de consumo, una condición no negociada individualmente o una práctica no consentida expresamente puede ser abusiva si, contra la buena fe, produce un desequilibrio importante. El artículo 82 del TRLGDCU ordena valorar también la naturaleza del servicio, las circunstancias y el resto del contrato.
• Se cobra por una prestación que no se ejecutó, se repite un concepto sin justificación funcional o se exige una cantidad sin reciprocidad. El artículo 87 requiere revisar el supuesto concreto y sus excepciones.

El artículo 83 del TRLGDCU declara nulas y por no puestas las cláusulas abusivas; el contrato puede subsistir si es posible sin ellas y el órgano judicial debe declarar los efectos cuando existe controversia. El propio precepto también contempla condiciones no transparentes perjudiciales para el consumidor. Esto no equivale a una devolución inmediata en todos los casos ni permite que un informe administrativo declare por sí solo nulidad o abusividad.

En servicios financieros el artículo 85 tiene excepciones y condiciones para determinadas modificaciones: hay que revisar la razón prevista, el aviso, la fórmula de variación y la salida del contrato. El artículo 89.3 aborda la imposición al consumidor de gastos de documentación y tramitación que legalmente corresponden al empresario; su letra contempla supuestos de vivienda, pero no ordena una devolución bancaria general por cualquier comisión. El artículo 120 vigente trata de conformidad de bienes y contenidos o servicios digitales, no fija multas ni un tope de devolución para comisiones.

Qué debes guardar antes de reclamar

1. El contrato y sus anexos, la tarifa o folleto vigente cuando contrataste y cada aviso posterior de cambio.
2. Extractos completos donde se vean fecha, concepto, importe y, si es posible, el periodo al que corresponde el cobro.
3. La solicitud o aceptación del servicio, la prueba de que se prestó y la explicación de la entidad sobre el gasto.
4. Tu condición en la operación: consumidor, persona vulnerable en una relación concreta, microempresa, profesional, sociedad o entidad sin ánimo de lucro.
5. Fechas, importes, número de incidencia y respuestas. No borres mensajes ni sustituyas el contrato por una captura aislada del cargo.

Ordena los documentos por fecha y separa tres preguntas: si existía una base para cobrar, si se informó y aceptó de forma válida y si el cargo o la cláusula resulta abusivo en el contexto. Una respuesta comercial que ofrezca una devolución parcial no demuestra por sí sola que exista una deuda ni obliga a aceptarla: pide por escrito qué conceptos cubre y qué derechos reserva o extingue.

Cómo reclamar ante la entidad y ante el Banco de España

Presenta una reclamación concreta a la entidad. El servicio de atención al cliente o, cuando corresponda, el defensor del cliente son cauces recomendables, pero no exclusivos para acreditar el trámite ante el Banco de España. La página institucional admite cualquier escrito presentado a la entidad, sea cual sea el canal, dependencia o unidad —por ejemplo, oficina, calidad, fraudes, SAC o defensor— siempre que conste la recepción; en una disconformidad con un pago, el formulario de cargos no reconocidos puede cumplir por sí solo la reclamación previa. Conserva la prueba de envío y recepción; el correo certificado es una posibilidad, no un requisito uniforme. Identifica cada cargo, explica por qué lo discutes, adjunta los documentos esenciales y pide una respuesta motivada y, si procede, la devolución.

Para una reclamación sobre derechos y obligaciones de los títulos II y III del RDL 19/2018, el artículo 69 fija, como regla de servicios de pago, 15 días hábiles desde la recepción. Si excepcionalmente se da una respuesta provisional, la definitiva debe llegar como máximo en un mes, con las condiciones legales. No traslades ese plazo a cualquier comisión ajena a esos títulos.

En otras materias, la información actual del Banco de España distingue un mes para consumidores y dos meses para no consumidores antes de su intervención, además de sus requisitos de admisión y plazos propios. Comprueba el producto, tu condición de usuario y la página vigente antes de contar los días. El Banco de España emite informes motivados no vinculantes y no recurribles en su procedimiento; no declara por sí mismo la nulidad, la abusividad, la usura ni una indemnización. Su vía supervisora no sustituye una negociación, un procedimiento de consumo o una demanda.

La autoridad de consumo u OMIC puede orientar sobre una relación de consumo y sus competencias territoriales. No hay que presentar esa vía, el Banco de España o un regulador financiero como una garantía de devolución. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no es el cauce ordinario para una comisión bancaria, y la competencia de cada organismo depende del producto y del sujeto.

Vía extrajudicial y demanda civil

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, muchas pretensiones civiles declarativas exigen revisar el medio adecuado de solución extrajudicial de controversias (MASC), sus excepciones y la forma de acreditar el intento. Para una reclamación individual de consumidor, su disposición adicional séptima contempla una reclamación previa al empresario o profesional con quien contrató cuando no responde en el plazo especial aplicable o la respuesta es insatisfactoria. Eso no convierte la reclamación al SAC en un requisito universal para cualquier demanda ni permite omitir las excepciones.

La LEC 439.5 contiene una exigencia documental específica para la acción individual de devolución de cantidades pagadas por consumidores en préstamos o créditos con garantía hipotecaria inmobiliaria por cláusulas abusivas; no se aplica a cualquier comisión bancaria. La competencia por materia y por procedimiento debe revisarse según la pretensión. La excepción de abogado y procurador de los arts. 23 y 31 LEC hasta 2.000 euros es procesal y se determina por cuantía en el juicio verbal, con sus condiciones; no es una exención por materia. Las condiciones generales por razón de materia tienen su propio encaje procesal.

El artículo 1964.2 del Código Civil establece con carácter general cinco años para las acciones personales sin plazo especial desde que puedan exigirse, sujeto a la acción concreta, a la transición de la Ley 42/2015 y a posibles interrupciones o reglas especiales. No es un plazo universal de cuatro años ni se cuenta siempre desde cada cargo. Una acción declarativa sobre la nulidad o no incorporación de una cláusula y la pretensión de restituir cantidades pueden tener objeto, fundamento y cómputo distintos; no se presume que compartan el mismo plazo ni que una de ellas sea universalmente imprescriptible. El inicio y las interrupciones deben fijarse según la acción, las fechas, la norma especial o transitoria y, cuando proceda, la jurisprudencia aplicable. La restitución, la mora y los intereses dependen de esos elementos y de la prueba; no hay un interés automático ni una devolución automática por leer el artículo 1964.

El artículo 43 del RDL 19/2018 exige comunicar sin demora injustificada las operaciones de pago no autorizadas o ejecutadas incorrectamente y, como máximo, dentro de los 13 meses desde la fecha del adeudo. Hay una excepción cuando el proveedor no facilitó o no puso a disposición la información exigida por el título II. El artículo 34.1 contiene dos reglas distintas: su primera frase permite pactar la no aplicación total o parcial de determinados preceptos enumerados cuando el usuario no es consumidor ni microempresa, y esa lista no incluye alterar por sí sola el plazo del artículo 43; su segunda frase permite, para usuarios que no sean consumidores, pactar un plazo distinto del artículo 43, también cuando se trate de una microempresa que no sea consumidora. Esta segunda posibilidad no exige excluir además a las microempresas. Comprueba el contrato y la categoría de usuario antes de contar el plazo. En cualquier caso, esos 13 meses no son el plazo general para reclamar una comisión. Antes de enviar una demanda, un profesional debe comprobar la pretensión, la legitimación, la prueba, el MASC, la prescripción y las costas.

Información orientativa: la legalidad de un cargo depende de los documentos y hechos del caso. No constituye revisión de abogado, asesoramiento personalizado, certificación profesional ni garantía de devolución.