Cláusulas abusivas en contratos: cuáles son nulas

Qué es una cláusula abusiva

En una relación de consumo, el art. 82 TRLGDCU considera abusivas las estipulaciones no negociadas individualmente y también las prácticas no consentidas expresamente que, contra las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones del contrato. La calificación depende del contrato completo, de su naturaleza y de las circunstancias de la contratación: que una condición sea desfavorable no basta por sí solo. Los arts. 3 y 4 TRLGDCU delimitan quién es consumidor y empresario.

Una persona física que contrata para su actividad profesional o empresarial no se convierte automáticamente en consumidor. En contratos entre profesionales pueden entrar en juego las reglas de condiciones generales de la contratación de la LGCC, pero eso no permite trasladar sin más el control de abusividad propio de una relación de consumo. Identificar para qué se contrató y quién intervino es el primer paso.

Cómo analizar la cláusula paso a paso

1. Identifica las partes y la finalidad. Guarda el contrato completo, la versión aceptada, la fecha, los anexos y las comunicaciones. Comprueba si actúas como consumidor o para una actividad profesional.
2. Comprueba la incorporación y la negociación. Una condición general debe estar incorporada de forma accesible y comprensible. Que se negociara una cláusula concreta no excluye revisar las demás. Si el profesional afirma que hubo negociación individualizada, debe poder acreditarla en los términos del art. 82.2 TRLGDCU.
3. Revisa claridad, accesibilidad y legibilidad. El art. 80 TRLGDCU exige concreción, claridad, sencillez, accesibilidad y legibilidad. La dimensión de letra, el espaciado y el contraste tienen una cronología normativa propia; un defecto visual no convierte por sí solo cualquier condición en abusiva ni sustituye el análisis del contrato.
4. Busca el desequilibrio y la categoría legal. Los arts. 85 a 90 TRLGDCU contienen categorías y ejemplos. Una facultad unilateral de modificación puede estar comprendida en el art. 85.3, pero hay que revisar sus motivos, límites e información; una penalización desproporcionada, la renuncia a derechos, la falta de reciprocidad, garantías excesivas, servicios accesorios no solicitados o una sumisión territorial inválida tienen reglas distintas.
5. Comprueba si el contrato puede continuar. El art. 83 TRLGDCU declara las cláusulas abusivas nulas de pleno derecho y por no puestas, pero el contrato subsiste si puede hacerlo sin ellas. El precepto prevé que el juez declare la nulidad previa audiencia de las partes; la guía no puede presentar ese resultado como ya obtenido por una reclamación.

Qué ejemplos requieren más contexto

Una cláusula que permita a la empresa cambiar unilateralmente el contrato, una penalización por cancelar, una renuncia a garantías legales o la elección de un foro lejano pueden plantear problemas, pero la respuesta cambia según el texto exacto, el producto, el motivo de la condición, la información previa y la relación entre las partes. Incluso una variación de precio descrita con un índice y un motivo válidos requiere revisar el supuesto del art. 85.10 TRLGDCU; no toda variación es automáticamente nula.

El Anexo I del TRLGDCU no es una lista general de cláusulas abusivas en los términos de esta guía: el anexo consultado corresponde al modelo e información para ejercer el desistimiento. Para las categorías de abusividad hay que acudir a los arts. 85 a 90 y al análisis de los arts. 80, 82 y 83. Tampoco existe en el art. 85 un límite general de TAE del 25 %. Si lo que se discute es la posible usura de un préstamo, la Ley de 23 de julio de 1908 contiene una vía distinta: su art. 1 exige examinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, y su art. 3 dispone, si se declara la nulidad del préstamo, que el prestatario solo devuelva la suma recibida y que el prestamista restituya lo percibido que exceda del capital; no convierten ese análisis en una cifra universal ni en una regla para toda cláusula de consumo. Una afirmación sobre una empresa concreta exige identificar la resolución oficial, la fecha, el producto y la norma aplicable.

Qué efectos puede tener

Si la autoridad competente declara abusiva una condición, la regla del art. 83 es tenerla por no puesta y conservar el resto del contrato cuando pueda subsistir. La devolución de cantidades, los intereses, los daños o la resolución de otras actuaciones son pretensiones que dependen de la acción, de los pagos acreditados, del contrato y de la decisión que se dicte. No hay una fórmula universal de devolver intereses desde cada recibo ni una nulidad administrativa automática para cualquier contrato.

La sentencia del TJUE en el asunto C-561/21 se refiere a una cláusula de gastos de un préstamo hipotecario: el litigio trataba la restitución de gastos notariales, registrales y de gestoría después de los pagos y de una declaración de nulidad. Distingue la acción declarativa de nulidad —que no queda sometida por sí sola a ese plazo— de la acción restitutoria. En ese contexto, admite que el plazo de restitución comience cuando sea firme la resolución que declara abusiva y anula la cláusula, sin perjuicio de que el profesional pruebe que el consumidor conocía o podía razonablemente conocer antes ese carácter. No permite fijar automáticamente el inicio en una serie de sentencias del Tribunal Supremo o del TJUE. Esto no crea una regla universal para todos los contratos ni para todos los gastos: los arts. 1964.2 y 1973 del Código Civil y los hechos de la acción siguen siendo relevantes.

Qué reunir antes de reclamar

• El contrato íntegro, anexos, condiciones generales y la versión vigente el día de la contratación.
• La cláusula concreta y una explicación de por qué produce el perjuicio; no basta con enviar dos recibos sin el contexto del contrato.
• Pruebas de cómo se mostró la condición antes de contratar, de cualquier negociación y de las comunicaciones posteriores.
• Recibos, cargos, fechas y cálculo separado de principal, intereses y otros conceptos que se soliciten.
• Una cronología de la contratación, la modificación, el cobro y las reclamaciones, con justificantes de envío y recepción.

Reclamación escrita y canales disponibles

Empieza por una reclamación escrita al canal oficial de atención de la empresa. Identifica el contrato, transcribe la condición, explica el perjuicio, solicita una respuesta motivada y conserva el número de incidencia o justificante. Puedes pedir que dejen de aplicar la condición y, si los hechos lo permiten, reclamar cantidades concretas; evita pedir una devolución genérica sin calcular qué pago está vinculado a qué cláusula.

Para una acción individual promovida por un consumidor o usuario, la disposición adicional séptima de la LO 1/2025 contempla que el requisito de procedibilidad se entiende cumplido con la reclamación extrajudicial previa a la empresa o profesional con quien se contrató cuando no se obtiene respuesta en el plazo de la legislación especial aplicable o la respuesta no es satisfactoria. Identifica el objeto, el destinatario, el canal y el plazo sectorial, y conserva prueba del envío, la recepción y de la respuesta o del silencio; una carta genérica no demuestra por sí sola que cualquier MASC sea aplicable. Para usuarios de servicios financieros, la misma disposición contempla la resolución de reclamaciones ante el Banco de España, la CNMV o la DGSFP en los términos del art. 30 de la Ley 44/2002, y los procedimientos de la Ley 7/2017 o los establecidos por normativa sectorial: son vías con requisitos propios que no se eligen automáticamente.

Si la respuesta no llega o no resuelve el problema, una OMIC o la autoridad de consumo de tu territorio puede informar o tramitar la vía que tenga atribuida. El arbitraje de consumo no es obligatorio para toda empresa: el RD 713/2024 exige comprobar adhesión, convenio o aceptación y sus efectos. No se afirma un porcentaje general de empresas adheridas ni un laudo automático.

En materia de atención a la clientela, el texto consolidado del art. 21.3 TRLGDCU muestra un máximo de 15 días, pero la reforma de Ley 10/2025 contiene una disposición transitoria de 12 meses y reglas sectoriales. Antes de anunciar ese plazo hay que identificar la entidad, el sector, los umbrales y la situación transitoria; no se conserva el antiguo “30 días” como regla universal.

Si necesitas acudir a un juzgado

Las acciones individuales relativas a condiciones generales se tramitan por juicio verbal cualquiera que sea su cuantía conforme al art. 250.1.14 LEC. Esa regla determina la clase de juicio por la materia y no elimina por sí sola las reglas de abogado y procurador. Los arts. 23.2.1 y 31.2.1 LEC exceptúan la intervención preceptiva en los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no exceda de 2.000 euros, dentro de los supuestos que describen: es una excepción por cuantía, no una dispensa general por materia. No se mantiene el umbral antiguo de 6.000 euros ni se debe deducir que un verbal de 5.000 euros sea automáticamente sin abogado.

Las costas tampoco se pagan automáticamente por ganar. El art. 241 LEC enumera conceptos y el art. 394 regula vencimiento, dudas serias, actividad de negociación y el límite de un tercio para una parte de determinados honorarios, con sus excepciones. Haber enviado una carta previa no demuestra por sí solo que se haya cumplido cualquier requisito de negociación previa o MASC aplicable. La exención de tasa de las personas físicas que recoge el art. 4.2.a de la Ley 10/2012 no convierte en gratuitos abogado, procurador, peritos o todas las costas.

El órgano competente se determina por materia, acción, cuantía y territorio. La competencia civil residual y las materias atribuidas a secciones mercantiles se comprueban con la LEC art. 45 y la LOPJ; no es correcto afirmar siempre “Juzgado de Primera Instancia” ni excluir siempre lo Mercantil.

Un ejemplo de decisión prudente

Si una plataforma modifica una tarifa con una cláusula que reserva una facultad unilateral, conserva el texto aceptado, la comunicación de la subida, el índice o motivo invocado, los cargos y la respuesta de la empresa. Después compara el supuesto con el art. 85.3 y el resto del contrato. Si una persona autónoma contrató la plataforma para su negocio, primero debe analizarse su finalidad profesional: no se le puede tratar automáticamente como consumidor. Si la reclamación es una acción individual sobre condiciones generales de 5.000 euros, el juicio puede ser verbal por materia, pero la postulación y las costas se valoran separadamente.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una cláusula abusiva en un contrato?

En una relación de consumo, el art. 82 TRLGDCU comprende las estipulaciones no negociadas individualmente y las prácticas no consentidas expresamente que, contra la buena fe, causan un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor. No toda condición desfavorable lo es: deben valorarse el contrato y sus circunstancias, además de quién contrató conforme a los arts. 3 y 4.

¿Qué cláusulas pueden considerarse abusivas?

Los arts. 85 a 90 TRLGDCU recogen categorías como ciertas facultades unilaterales, penalizaciones desproporcionadas, renuncias de derechos, falta de reciprocidad, garantías excesivas, servicios no solicitados o sumisiones territoriales inválidas. Son referencias que deben compararse con el texto y el contexto. El Anexo I del TRLGDCU consultado corresponde al modelo e información para ejercer el desistimiento y no sustituye ese análisis.

¿Cómo puedo identificar una cláusula abusiva?

Revisa quién contrató y para qué, cómo se incorporó la condición, si hubo negociación, qué información se recibió antes de aceptar, el desequilibrio que produce y el resto del contrato. Guarda la versión aceptada y los cobros o comunicaciones relacionados. Una autoridad o un juez debe valorar los hechos; no hay una respuesta automática porque una cláusula esté en letra pequeña o porque el consumidor no la leyera.

¿Qué hago si encuentro una cláusula abusiva?

En una acción individual de consumo, la DA 7 de la LO 1/2025 contempla la reclamación extrajudicial previa a la empresa o profesional contratado cuando no responde en el plazo de la legislación especial o la respuesta es insatisfactoria; conserva prueba de envío, recepción y respuesta o silencio. También permite contemplar las vías financieras o de resolución alternativa que menciona, con sus requisitos propios. La OMIC o autoridad de consumo puede orientar dentro de sus competencias. Si necesitas demandar por una acción individual de condiciones generales, el art. 250.1.14 LEC prevé juicio verbal por materia cualquiera que sea la cuantía; abogado, procurador, tasa, asistencia jurídica gratuita y costas siguen sus propias reglas. No se puede prometer una nulidad, una devolución completa ni que la empresa pague todos los costes sin examinar el caso.

Información orientativa basada en las normas enlazadas. La aplicación depende del contrato, los hechos, la fecha, el territorio y la vía elegida.